En Junio de 2014, producto de las experiencias de las emergencias presentadas en el terremoto del Norte Grande y el megaincendio de Valparaíso, se da inicio a un proceso de actualización de los instrumentos de registro e identificación de afectados por emergencias, desastres o catástrofes. El objetivo fue implementar las mejoras necesarias para, en caso de una nueva emergencia, se pudiera contar en un breve plazo con un registro más preciso de la población afectada, que permitiera brindar una oportuna respuesta por parte del Estado. Es así que durante el año 2015 se implementa la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), reemplazando la Encuesta Familia Única de Emergencia (EFU), que se empleaba desde hace 14 años en situaciones de desastre y que requería ser modernizada para cumplir adecuadamente con las características actuales del país.

El diseño de la nueva ficha FIBE fue un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Onemi y el Ministerio de Vivienda y se realizó consultando la experiencia de expertos internacionales en la materia, equipos comunales, provinciales y regionales a lo largo del territorio y escuchando a los propios afectados acerca de las falencias que presentaba la anterior ficha.

El nuevo instrumento permite que el Diagnóstico Social en Emergencia sea un proceso más ágil, moderno y oportuno, orientando con mayor rapidez la respuesta del Estado para minimizar los efectos sociales de estas catástrofes. Es así como utilizando la nueva Ficha Básica de Emergencia recogemos de mejor manera las vulnerabilidades que pueden afectar a la población, considerando personas en situación de discapacidad, enfermos crónicos, embarazadas, personas pertenecientes a comunidades indígenas, migrantes y adultos mayores.

Adicionalmente, el nuevo proceso incorpora tecnología al encuestaje, a través de la implementación de formularios electrónicos en dispositivos móviles y una capacitación continua a los equipos en los municipios, lo que sumado a procesos de georreferenciación de las familias afectadas permitirá disminuir aún más los plazos de aplicación de encuestas, enfocando los esfuerzos en la rehabilitación de la población afectada y en la mitigación de los efectos adversos de estos eventos en la calidad de vida de las familias.